Plumazos del domingo 13 de agosto de 2023
Apuntes de política y justicia de Rafael Paiz Conde y Javier Calderón.
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Ecuador, espejo latinoamericano
Rafael Paiz Conde
Ser político sigue siendo una profesión de alto riesgo. Quienes se dedican a ella están sometidos a constantes amenazas a su integridad y la de sus familias. En los cinco continentes y a lo largo de la historia, muchos de quienes aspiran u ostentan los puestos de poder lo han sufrido. En los últimos años varios líderes han sido asesinados. Incluso Japón, una de las naciones más seguras del mundo, lo padeció en Shinzo Abe. El ex primer ministro nipón sufrió el fatal atentado pronunciando un discurso. Estas tragedias generan grandes crisis, pues si los dirigentes no están seguros, menos lo estará el ciudadano común.
Desde el fin de la segunda guerra mundial, una docena de jefes de estado han sido asesinados: Lumumba en Congo, Palme en Suecia, Kennedy en los EE.UU., Rabin en Israel, Bhutto en India, Sadat en Egipto y Moïse en Haití son algunos de los magnicidios más sonados. Incluso, en Guatemala, Castillo Armas fue asesinado en la Casa Presidencial. Estos crímenes rara vez son esclarecidos, propiciando que sus motivaciones solo puedan ser elucubradas por la población, generando mayor miedo.
“Estas tragedias generan grandes crisis, pues si los dirigentes no están seguros, menos lo estará el ciudadano común.”
Sin embargo, hay otros asesinatos políticos; los de candidatos, personas que sin haber llegado al poder han generado suficiente miedo en la mafia. América Latina los ha sufrido históricamente, siendo los más afectados quizás México y Colombia, países que tristemente han vivido etapas de violencia ligada al narcotráfico y a las mafias. Lamentablemente, no son los únicos en la región.
En México, la muerte de Colosio aún genera indignación y dudas. El candidato del PRI fue figura arquetípica del partido-régimen que, tras culminar sus estudios en las universidades de Pensilvania y de Laxenburg, es invitado por Salinas a formar parte de su “grupo compacto”, jóvenes tecnócratas destinados a ejercer los principales cargos del gobierno. Luego de ser diputado federal, senador y presidente nacional del PRI, llega al gabinete presidiendo Desarrollo Social. Tocaba la gloria cuando, en noviembre del ‘93, Salinas lo “destapaba” como su sucesor en la “Silla del Águila”. Todo parecía perfecto en su carrera. Esto le dio valor para que él, hijo del Sistema, retara a su creador. El Sistema, materialización perfecta del poder, no perdonó la afrenta y cual Saturno lo devoró.
En Colombia, las elecciones de 1990 fueron sangrientas ya que cuatro candidatos presidenciales fueron asesinados. Como antecedente, hacía varias décadas Gaitán dirigente liberal y virtual ganador fue asesinado en 1948. Su discurso incendiario no fue tolerado, desatándose tras su muerte el Bogotazo y un periodo de convulsión de diez años. Las elecciones de 1990 se enmarcaron en un contexto de violencia. Galán, conspicuo liberal se situaba como favorito para ser electo presidente. El narcotráfico, principalmente el cártel de Medellín, sabedor que era un líder capaz de ponerle un alto, lo ejecutó durante un mitin.
Otro caso fue el de Pizarro. El jefe de la guerrilla M-19 y que luego de un proceso de paz se desmovilizó, fue proclamado candidato presidencial por su organización. Asesinado en un avión, su muerte también sigue sin esclarecer por completo. Algunas pesquisas señalaron a Pablo Escobar, pero no descartan la participación de personal vinculado al Estado. Dos candidatos más fueron asesinados. Ambos del partido Unión Patriótica, alianza entre las FARC y el Partido Comunista. José Antequera y Bernardo Jaramillo Ossa murieron trágicamente. Esas elecciones en las que sin duda alguna el terrorismo de los carteles de la droga, unidos a paramilitares y grupos interesados en que la violencia se extendiera en ese país, demostraron que las mafias no están dispuestas a ceder sus espacios.
El miércoles pasado fue asesinado Fernando Villavicencio, candidato centrista a la presidencia de Ecuador y uno de los principales opositores del Correísmo. Este periodista se posicionaba en segundo lugar en las encuestas. Sus discursos combativos se caracterizaban por una fuerte crítica a las mafias y la corrupción. El hoy fallecido había denunciado amenazas durante este proceso pero el Estado no pudo protegerlo.
Ecuador país ha sufrido una escalada de violencia. Con una tasa de homicidios de más de 20 por cada 100,000 habitantes, que se pronostica llegará a 40 a final del año. Homicidios, secuestros, motines carcelarios, pandillas, extorsiones y narcotráfico se han amalgamado con la crisis política, haciendo que esa nación atraviese una de sus épocas más difíciles. Estas condiciones se vuelven tierra fecunda para que derivas totalitarias, populistas y antidemocráticas lleguen al poder.
Es lamentable que este tipo de situaciones se sigan dando en nuestra región. América Latina y sus débiles estados ha sido víctima durante décadas de violencia política; ayer alimentada por la guerra fría, hoy por las mafias. Con el advenimiento del nuevo milenio se tuvo la esperanza que esta etapa quedará en el pasado, no fue así. El crimen organizado la ataca coordinadamente a través de fronteras porosas. Es imprescindible que las autoridades estén conscientes de esto y lo combatan articuladamente.
La debilidad institucional, la poca capacidad de respuesta y administraciones permeadas por el crimen organizado hacen vulnerable a la región. De momento, algunos que lo han denunciado han pagado con su vida esa osadía. Es deber de todos unir esfuerzos y llegar a acuerdos políticos para que tragedias repudiables como estas no se repitan. De lo contrario, se entrará en el futuro en una espiral de decadencia moral y de violencia de la que difícilmente se podrá salir.
Pensamientos sobre Guatemala, Justicia y Libertad (Parte II)
Javier Calderón
“Indio marrano. Eso fue lo que me dijo. Así me acaba de hablar el patrón del taller de confección en donde trabajo en Guatemala. Me ofende esa comparación. Quiero que me respete. Un indio no es un animal, tienen que entender que los indios somos seres humanos. Ya no soporto los insultos y prefiero irme de mi trabajo. […] Mi patrón es ladino, y sabe que, a diferencia de los otros trabajadores indios, conozco mis derechos y eso lo asusta.” (Humberto Ak’abal)
Lea Parte I aquí.
El racismo es contrario a la libertad. En el momento en qué las oportunidades que le doy a otra persona dependen de mi juicio subjetivo con respecto a su identidad étnica y no a su mérito individual no solo cometo una injusticia, sino que injustamente limito sus oportunidades y, por tanto, su libertad de escoger. Esto sería menos un problema si fuera sólo una decisión individual atípica, anormal, extraña o casual, pero en Guatemala, esto parece ser más un comportamiento generalizado en el ámbito privado y en el público. En este sentido, el racismo entendido cómo un grupo de ideas que ven como inferiores a otro grupo social con base en marcadores étnicos -lenguaje, vestimenta, creencias, símbolos, costumbres y fisonomía- y entendido como la materialización de esas ideas en acciones discriminatorias, divide la oferta de oportunidades en dos y reduce o deja las peores oportunidades para los indígenas. Es decir, la división injusta, artificial y arbitraria de las oportunidades, en función de la identidad étnica, es contraria a la libertad de quienes reciben peores o menos oportunidades.
No hay libertad sin un estado fuerte y justo. Si un estado no es capaz de organizar y equipar a sus fuerzas de seguridad de tal forma que sean capaces desalentar las actividades criminales o de capturar a quienes las hayan cometido, los ciudadanos están a merced del arbitrio de aquellos que con su fuerza o astucia abusan de ellos. Si la administración pública no es capaz de tomar decisiones racionales con respecto a su personal y funcionamiento, sino que estas dependen de los intereses cambiantes de los gobernantes y en función de razones familiares, clientelares o económicas, entonces la función pública dependerá de estos intereses y no de favorecer el bien común. Por lo tanto, la búsqueda del bien común, materializado por medio de la acción pública, de los millones de decisiones y acciones diarias de los funcionarios públicos, depende de una administración pública racional, que actúe bajo normas imparciales, claras, estables y justas, que no vayan en contra del bienestar público. Contrariamente, un estado débil es un estado que no es capaz de hacer valer sus principios fundacionales tal y como están establecidos en su legislación y políticas. Por lo tanto, un Estado injusto es aquel que no actúa por el bienestar de la mayoría sino en función de intereses privados. Un estado débil e injusto necesariamente es un estado cuyo poder depender de quienes de forma injusta y privada influencian y controlan su funcionamiento y no de reglas que parten de una visión sobre la justicia socialmente compartida y generalizada.
“Un Estado injusto es aquel que no actúa por el bienestar de la mayoría sino en función de intereses privados.”
La soberanía de las acciones públicas es contraria a la libertad cuando contradice la voluntad popular o cuando la voluntad popular informada por principios injustos se impone ante la justicia. Aquí hace falta una discusión filosófica más amplia y profunda, sin duda. Pero, en resumen, cuando las decisiones legales o ilegales de un funcionario público van en contra de la voluntad popular, del interés público, éstas dejan de ser públicas y se convierten en privadas. Y, dado que el fundamento de la soberanía de un estado nacional es la voluntad del pueblo, entonces las decisiones de carácter privado e individual del gobernante, aunque sean legales, se vuelven contrarias al pueblo y, por tanto, tiránicas, antiliberales. Por otra parte, cuando la soberanía popular está basada en ideas o principios injustos, cómo que las mujeres son inferiores a los hombres -como en Afganistán-, que los extranjeros son peligrosos -como en Rusia-, que la homosexualidad es criminal y enferma -como en Uganda-, que el manejo responsable de la moneda es menos importante que los programas sociales -como en Argentina- o que las políticas laborales no pueden modificarse -como en Francia-, entonces su imposición pacífica o violenta va en contra del bienestar y de la libertad social. Es decir, la imposición de medidas populares injustas es soberana, pero perniciosa en contra del bienestar y libertad de todos.
Escribo estas ideas con cierta premura, pero, a pesar de ello, intenté redactarlas lo más claro y correctamente posible, sin errores. Sin embargo, no son tuits a los que le tengan que dar “like” o “dislike”, ni tampoco son ideas escritas en piedra y que trate de imponerles. Mi deseo es únicamente que sirvan como puntos a partir de los cuales reflexionar y abrir una discusión pública sobre qué es el liberalismo guatemalteco y cuál debe y puede ser su aporte al desarrollo del país.
