Plumazos del domingo 10 de marzo de 2024
Apuntes políticos y jurídicos de Vaclav Masek y José Javier Gálvez.
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Se viene el shock de mayo de Milei
Vaclav Masek
Van casi tres meses del nuevo gobierno de Javier Milei en Argentina, que arrancó brutalmente y con el éxito arrasador de su política económica y cultural. Logró lo que se proponía: sentar las bases para el ajuste y licuar el salario y los ingresos de las grandes mayorías. A pesar de sufrir una inesperada y durísima derrota en la Cámara de Diputados de Argentina, siendo rechazados numerosos artículos del proyecto de ley general de Milei para eliminar el Estado, se auguran años convulsos de un oficialismo peleón.
La oposición enfureció al partido gobernante La Libertad Avanza, que optó por aplazar la sesión y dejar el proyecto de ley congelado hasta nuevo aviso. “Los gobernadores [provinciales] tomaron la decisión de destruir [el controvertido proyecto de ley de reforma de Milei] artículo por artículo, horas después de aceptar apoyarlo”, escribió el gobierno en un comunicado oficial. "No vamos a seguir discutiendo con quienes exigen mantener sus privilegios", añadió. La estrategia de Milei será simple: culpar a los políticos de la oposición, incluso a aquellos que estaban dispuestos a apoyarlo, por no dejarlo gobernar. Sin embargo, si se niega a negociar con el Congreso, no está claro cuál será su plan para desarrollar el programa que quiere llevar a cabo.
Milei consolidó un carril ideológico que no existía hace un año: las personas que se autodeterminan “libertarios.” En este momento, ese núcleo ideológico tiene una nueva identidad política minoritaria en Argentina. Se creó algo que no existía en el mapa: la representación política del hiper-individualismo y el fundamentalismo del mercado. Ese componente reaccionario, que implica el rechazo a la ampliación de los derechos de las mujeres, de los pueblos, al “progresismo”, es ahora un porcentaje menor pero militante de la sociedad argentina.
“Milei creó algo que no estaba: la representación política del hiper-individualismo y el fundamentalismo del mercado.”
Sin entrar a diseccionar el peronismo con un sesgo particular, lo que hoy vemos reflejado en Casa Rosada no es necesariamente anti-peronismo. Milei ha dicho que la presidencia de Carlos Saúl Menem (1989-1999) fue “la mejor presidencia de la historia.” Patricia Bullrich, una antigua montonera asesina que gusta de ostentar la fuerza contra manifestantes, entró al gabinete de Milei como Ministra de Seguridad de la Nación luego de no llegar al ballotage del año pasado como candidata presidencial de la coalición Juntos por el Cambio,1 liderado por el expresidente Mauricio Macri (2015-2019) y el partido Propuesta Republicana PRO.
Después de la derrota de la Ley Ómnibus, Milei (cómicamente apodado como Javier “Sin ley”) se reagrupa para lanzar su nuevo intento de terapia del shock.2 El 25 de mayo del presente año, el presidente convocó a todos los gobernadores, expresidentes y dirigentes políticos de Argentina para “generar consensos.”
Milei no está haciendo anarco-capitalismo; está haciendo neoliberalismo.
El “Pacto de mayo” que propone Milei es básicamente un calco y copia de los diez fundamentos para reformas estructurales del consenso de Washington.3 No está haciendo lo que haría de haber tenido una tabula rasa. Más bien pareciera que hace lo que puede con las condiciones sociales y el personal político que tiene a su disposición para hacerlo. A diferencia de la época de Ménem, que tuvo crecimiento económico durante su mandato en los noventa, Milei va a empeorar la situación, de por sí ya recesiva, en la que se encuentra Argentina.
La hipótesis de Milei es que entre marzo y abril se toca fondo y después la economía repuntará. El “Pacto de mayo” tiene propuestas que tendrán un impacto macroeconómico inmediato, impulsando un modelo que impulsa la desregularización, la promoción de las exportaciones en agroindustria, la minería y el sector energético.
“Milei no está haciendo anarco-capitalismo; está haciendo neoliberalismo.”
La austeridad como una estrategia para dañar el sustrato más profundo implica empobrecer a los grupos de interés de la clase media para abajo. Hoy, los grupos de interés políticos en Argentina (e.g., un sindicato, un movimiento ambiental, una organización feminista, un colectivo de artistas), son el objetivo de técnicas de desarticulación que involucran a las organizaciones con campañas de desprestigio y difamación. Si se destruye el avance del estado social de derecho, no será fácil revertirlo ya que los proyectos de cambio transformacional son los que surgen de estas capas sociales.
Tal vez tomará tiempo para asumir la degradación social que representa Milei para Argentina. La lista de incidentes extravagantes ya es larga: su viral discurso de Milei contra las élites globalistas en Davos; el encuentro con Trump durante una convención conservadora; las innecesarias hipérboles durante la conferencias de prensa. Pero caracterizar a Milei como irrisorio es irresponsable. Lo apoya el tipo más rico del mundo, tiene un cierre espectacular con las corporaciones y la comunidad empresarial, cuenta con treinta diputados y logró instalar a dos endeudadores seriales, el Ministro de Economía Luis Caputo y el antiguo gobernador del Banco Central Federico Sturzenegger, como arquitectos económico-financieros del nuevo gobierno.
Si repetimos el 1% de lo que dice Milei, cualquiera de nosotros sería portada de periódico, tildado de adoctrinador o diagnosticado como psicótico. Pero, como dijo Juan Grabois, fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y militante dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP)—actual UTEP—, “O él [Milei] no es tan boludo, o nosotros no tan inteligentes. O las dos cosas al mismo tiempo.”
CAME: ¿una ventana al futuro de la democracia?
José Javier Gálvez
Con los recuerdos todavía frescos del tormentoso proceso electoral reciente, no debería ser demasiado difícil percibir que hay reformas puntuales que son necesarias para sanear y oxigenar el proceso electoral. Que un partido considerado “underdog” por su distancia con la política tradicional haya resultado vencedor en las elecciones fue una anomalía en el sistema. Ante estas situaciones, el propio sistema puede reacomodarse y expulsar anomalías similares en el futuro. Para muestra, el propio partido que ha ganado las elecciones está en peligro y podría dejar de existir en el futuro próximo.
Resulta evidente, entonces, que el sistema necesita cambios para que la competencia entre partidos políticos permita con mayor regularidad la existencia de opciones orgánicas y honestas que, independientemente de su ideología, compitan por el poder político. Lamentablemente, las ventanas de oportunidad para proponer y ejecutar esos cambios no son demasiadas ni recurrentes. Pero este año se celebran nuevamente las sesiones de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral -CAME-, que funciona como un espacio de encuentro para que organizaciones sociales, políticas y académicas proponen reformas al sistema electoral.
“El sistema necesita cambios para que la competencia entre partidos políticos permita con mayor regularidad la existencia de opciones orgánicas y honestas que, independientemente de su ideología, compitan por el poder político.”
Sin embargo, hay un abismo entre la articulación para exigir que se respete la ley y la articulación para reformarla. Esto podría provocar que el ímpetu con que diversos sectores sociales defendieron la democracia se desvanece luego de la aparente derrota de la amenaza.
La CAME, entonces, enfrenta dos barreras importantes para cumplir con su propósito final: la dificultad para alcanzar consensos y la falta de ejecución de sus resultados.
Sobre la dificultad para alcanzar consensos, no puede perderse de vista que este año la CAME ha recibido 111 propuestas. Es decir, 111 puntos de vista distintos sobre las reformas que necesita el sistema, desde los puntos de vista académico, social o político. Cada organización habrá planteado sus propias necesidades o sus visiones particulares sobre las oportunidades de reforma. Es intuitivo pensar que muchas de ellas estarán enfrentadas en términos ideológicos, metodológicos o técnicos.
Para un partido en formación, por ejemplo, es deseable reducir las barreras de entrada para la participación en elecciones. Para un partido conformado, quizás lo más deseable sea evitar la competencia y aumentar barreras de entrada para que sean menos las opciones a competir. La visión académica podría estar también enfrentada entre quienes abogan por un sistema más representativo y uno más de pequeñas élites pero más efectivo.
¿Cómo, entonces, se avanza en la agenda democrática? La organización de la CAME ha sabido enfrentar el problema de los consensos a través de la selección de un número limitado y específico de áreas temáticas a abordar, quizás permitiendo la discusión sobre los puntos más relevantes y apremiantes. Aunque esto no resuelva en su totalidad el problema, lo cierto es que es una manera eficiente de coordinar lo que seguro será una discusión amplia sobre problemas específicos.
“La organización de la CAME ha sabido enfrentar el problema de los consensos a través de la selección de un número limitado y específico de áreas temáticas a abordar, quizás permitiendo la discusión sobre los puntos más relevantes y apremiantes.”
El segundo problema se hace evidente una vez finalizadas las discusiones de la CAME, pues el Tribunal Supremo Electoral -TSE-, órgano encargado de su organización, no esta obligado a presentar una propuesta de reforma, y aún si lo hiciera, no está obligado a tomar en cuenta las propuestas presentadas en la CAME. Esto quiere decir que los amplios esfuerzos en la construcción de propuestas y en las discusiones de las mesas técnicas podrían terminar en nada si la voluntad política del TSE resulta insuficiente para una iniciativa de ley robusta y que responda a las demandas de las organizaciones participantes.
La CAME, sin embargo, no debe ser tratada como un espacio innecesario o poco efectivo para lograr estos resultados. Al contrario, con la seriedad que amerita, es fundamental la observación cercana del proceso y su fiscalización, de manera que las autoridades se sientan presionadas a culminar la CAME con resultados positivos para generar cambios sistémicos. Debería ser al partido de gobierno a quien más le interesara generar esos cambios, pero los intereses también se encuentran en otros partidos políticos que quieren fortalecer los procesos como materialización de sus buenas intenciones, o en organizaciones sociales interesadas en promover el mejor ejercicio de sus derechos políticos, o en académicos que tienen una mayor claridad teórica sobre el funcionamiento de los sistemas electorales.
“La CAME, sin embargo, no debe ser tratada como un espacio innecesario o poco efectivo para lograr estos resultados. Al contrario, con la seriedad que amerita, es fundamental la observación cercana del proceso y su fiscalización.”
Al final, no sería justo responsabilizar por algo tan serio solo al TSE o a las organizaciones que participan en la CAME, porque la mejora institucional del sistema por el que se reparte buena parte del poder importa muchísimo para un derecho (elegir y ser electo) que se ejerce de manera individual pero es de interés colectivo.
La CAME solo es una ventana al futuro de la democracia, pero es una ventana que no se abre sola.
Juntos por el Cambio26 (abreviado como JxC o Juntos) fue una coalición política argentina, siendo una continuación de la alianza Cambiemos, que ganó las elecciones presidenciales en 2015. Fue creada para participar de las elecciones de 2019, con el objetivo de lograr la reelección de Mauricio Macri, acompañado en la fórmula por el peronista Miguel Ángel Pichetto.
La doctrina del shock, tal como la define Naomi Klein en su libro del mismo nombre, se refiere a la estrategia de explotar crisis, como desastres naturales o recesiones económicas, para impulsar políticas económicas controvertidas mientras la población está distraída o en estado de shock. Implica la rápida implementación de políticas neoliberales, a menudo contra la voluntad de la población afectada.
El Consenso de Washington se refería originalmente a un conjunto de prescripciones políticas defendidas por instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial a finales de los años 1980 y principios de los 1990 para promover el desarrollo económico en América Latina. Estas políticas incluyeron disciplina fiscal, desregulación, liberalización comercial, privatización y reformas orientadas al mercado. Con el tiempo, el término evolucionó para abarcar también principios económicos neoliberales más amplios y se asoció con la ideología económica dominante de la época, enfatizando los mercados libres y la intervención gubernamental limitada. Sin embargo, surgieron críticas con respecto al enfoque único y sus efectos adversos sobre el bienestar social y la desigualdad de ingresos, lo que dio lugar a debates sobre su eficacia y relevancia en diversos contextos. Los diez principios del Consenso de Washington fueron esbozados por el economista John Williamson en 1989.
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