Plumazos del domingo 26 de noviembre de 2023
Apuntes de economía y justicia de Hugo Maúl y José Javier Gálvez.
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Respetar nuestra democracia es un buen negocio
Hugo Maúl R.
“Nos honra el anuncio de hoy de la multinacional Johnson & Johnson MedTech de instalar una planta en Costa Rica y crear 3.000 empleos …; la más grande operación en su historia fuera de EE.UU.”. Así anunciaba en X (antes Twitter), el pasado 25 de septiembre, el Ministro de Comercio Exterior de Costa Rica la decisión del gigante multinacional americano de iniciar una nueva operación en aquel país. Una planta de producción de dispositivos médicos de casi 20 mil metros cuadrados especializada en la fabricación dispositivos reguladores del ritmo cardiaco y productos ortopédicos; una inversión de aproximadamente US$600 millones. Cuatro días antes, este mismo funcionario se jactaba que Boston Scientific, empresa multinacional estadounidense de ingeniería biomédica/biotecnología y fabricante de dispositivos médicos, expandía sus operaciones y que contrataría 1,200 trabajadores costarricenses adicionales en un plazo de cinco años. De esta cuenta, de los 17 trabajadores con los que iniciaron operaciones en 2004 llegaría a casi 10 mil trabajadores.
En otra red social, Manuel Tovar, ministro costarricense de comercio exterior, ampliaba su escueto mensaje en X diciendo que “gracias a J&J por su confianza y un agradecimiento especial por el arduo trabajo de mi equipo en el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) y la Agencia de Promoción de Inversiones y Comercio de Costa Rica (Procomer).” Dos importantes y pertinentes aclaraciones para entender lo que el vecino país ha logrado en esta materia. Este tipo de inversiones no son producto de la casualidad, la posición geográfica o las habilidades de oratoria del presidente. Estas inversiones son producto del perfeccionamiento de un modelo de desarrollo adoptado hace casi 40 años atrás. Con sus avances y retrocesos, éxitos y fracasos, Costa Rica ha logrado mantener a lo largo de este tiempo las líneas generales de su modelo de desarrollo basado en las exportaciones.
De particular importancia ha sido la continuidad de las políticas relativas a la atracción de inversión extranjera, búsqueda de nuevos mercados y desarrollo de condiciones habilitantes específicas para la manufactura de productos de mediana y alta tecnología. No es casualidad tampoco, que en julio de este año, el gobierno de EE.UU. decidiera apoyar al desarrollo del sector de semiconductores costarricense a través de la legislación denominada Chips and Science Act. Aunque cueste aceptarlo, por tratarse de un país más pequeño y con menos potencial que Guatemala, lo que Costa Rica está logrando, en palabras de su presidente, “es un reconocimiento a nuestro liderazgo como suplidor confiable y nuestra posición como un gran destino para el desarrollo de nuevas operaciones en este sector”.
Mucho podría escribirse sobre los factores críticos que permitieron a Costa Rica dar un impresionante vuelco en su matriz exportadora, que le permitió pasar de exportar bananos y café a exportar dispositivos médicos y servicios tecnológicos: el régimen de incentivos a la inversión; la ley de zonas francas; el ecosistema de innovación; el nivel de educación de la población; el desarrollo de infraestructura estratégica; los programas de capacitación de la mano de obra; la continuidad de las políticas públicas; etcétera. Asimismo, también mucho podría escribirse acerca de los factores limitantes al desarrollo que todavía afectan a este país; al final de cuentas, Costa Rica sufre muchos de los mismos problemas que afectan el clima de negocios en el resto de países de la región. Sin embargo, tal como lo explicaba el ministro Tovar en uno de sus mensajes en redes sociales, la diferencia principal reside en que Costa Rica tiene un profundo “compromiso con la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho, nuestro liderazgo en sostenibilidad y las libertades económicas y el compromiso con el comercio abierto y libre nos hace un lugar confiable para los negocios”.
La importancia de respetar la democracia, los derechos humanos fundamentales, las libertades civiles, la independencia de poderes, el Estado de Derecho y garantizar un mínimo de civilidad y respeto en la arena política tiene también una importante faceta económica, tal como lo atestigua Costa Rica. Destino confiable para los negocios. Concepto clave que pareciera haber sido olvidado en Guatemala. Sobre todo, cuando se trata de invitar a extraños a que vengan a “enterrar” sus inversiones a jurisdicciones que conocen poco y que, en el mejor de los casos, resultan exóticas. Más aún en sectores tecnológicos que requieren grandes inversiones. Este tipo de inversiones no surgen de la noche a la mañana. Tampoco caen del cielo. No se convence tan fácilmente a empresas de este calibre en este tipo de sectores, tan sensibles a la regulación internacional y sujetos a estrictos estándares de gobernanza, integridad, calidad, ambientales y laborales, a que inviertan en territorios poco confiables, poco predecibles, en donde cualquier cosa puede pasar.
“La importancia de respetar la democracia, los derechos humanos fundamentales, las libertades civiles, la independencia de poderes, el Estado de Derecho y garantizar un mínimo de civilidad y respeto en la arena política tiene también una importante faceta económica, tal como lo atestigua Costa Rica.”
En palabras de Tovar, con ocasión del congreso sobre comercio exterior organizado por la Cámara de Comercio de Costa Rica, la diferencia principal es que ellos son “hoy por hoy el único país de la región que ofrece un ambiente de estabilidad política y respeto irrestricto por la democracia”. La interminable disputa existente en Guatemala acerca de cómo repartirse los frutos del sistema económico no conduce a nada, sobre todo en una economía estancada y dentro de un ambiente institucional volátil, corrosivo e impredecible.
Constitucionalismo comparado para la esperanza
José Javier Gálvez H.
Investigador en materia de derechos humanos, seguridad y justicia
Quizás estamos viendo el problema demasiado cerca.
Un refrán popular reza: en ocasiones, los árboles no dejan ver el bosque. Ilustra cómo la atención centrada en un problema específico puede desviarla de un panorama más complejo, pero que puede tener perspectivas alentadoras. Un ejemplo claro es el de la cancelación del partido Semilla; un caso judicial confuso y desprolijo que a primeras resulta sumamente desalentador porque, independientemente de nuestras afiliaciones y sentires políticos individuales, el balance final parece ser que el poder es capaz de limitar el ejercicio de nuestros derechos siempre que le resulten incómodos.
Partamos de ahí: la cancelación de un partido hoy puede blandir el mismísimo argumento con el que mañana se cancelen empresas, organizaciones de sociedad civil, universidades. Basta voltear a ver a nuestro vecino Nicaragua, que en esa línea ha hecho estragos con la libertad de asociación, de industria, de propiedad.
No es nada descabellado pensar que la cancelación de un partido político, en los términos tan cuestionables en los que sucede a Semilla—e.g. la utilización de los mecanismos de la ley contra la delincuencia organizada y la negación de acceso al expediente y del derecho de defensa— es una afrenta a nuestros derechos colectivos. A los derechos de quienes no estamos afiliados al partido, de quienes no comulgan con sus principios, incluso de quienes votaron directamente en su contra.
En todo caso, esa desalentadora perspectiva puede provocar un sentimiento de desesperanza: poco podemos hacer, más que resignarnos al apocalipsis de libertades que se avecina. Sin embargo, ese árbol que hoy se incendia puede evitar que veamos el bosque completo: las redes que hoy abanderan la cruzada antidemocrática no son las primeras ni las únicas en el mundo que buscan cancelar un partido para evitar el ejercicio del derecho a asociarse políticamente. Y, sobre todo, esos intentos no siempre funcionan.
En la cuestión de constituciones y represiones comparadas, propongo la lectura de How constitutional rights matter, de Adam Chilton y Mila Versteeg. Los autores examinan en qué medida incluir un derecho en una constitución mejora el respeto por ese derecho en la práctica. El análisis incluye un profuso estudio de constitucionalismo comparado que abre un panorama global sobre la capacidad de los ciudadanos de ejercer sus propios derechos y la de los gobiernos de reprimirlos.
De la lectura del libro podrían esgrimirse algunas conclusiones clave: por un lado, que los derechos individuales, como la libertad de expresión, son más propensos a violaciones que los derechos colectivos, como el de formar partidos políticos. Además, que la inclusión de un derecho en la constitución brinda una protección adicional al derecho, haciendo sistemáticamente más difícil para el poder la concreción de estos ataques a los derechos. La explicación es que, mientras más se requiere de organización colectiva para el ejercicio de un derecho, más fácil es para quienes lo ejercen enfrentar problemas de coordinación —estar de acuerdo cuando hay una transgresión del poder hacia los derechos— y problemas de acción colectiva —cooperación entre agentes para resolver un problema común. Ahí, tanto la delimitación normativa del poder a través de la constitución —que implica mecanismos legales para defenderse— como la organización colectiva juegan un papel fundamental.
En esos términos, la existencia de la persona jurídica de los partidos políticos—entiéndase: del reconocimiento de sus derechos y obligaciones— permite a los ciudadanos el ejercicio adecuado de las actividades torales de los mismos: les habilita a participar en actividades políticas, y en casos como el de Guatemala, es requisito para optar a cargos públicos.
Dicen además que “cuando los partidos de oposición protegen sus propios intereses, no sólo promueven el derecho a formar partidos políticos en un sentido estricto sino la democracia en su conjunto.” No resulta extraño que el centro de la actividad antidemocrática reciente en Guatemala tenga dos pilares: la cancelación del partido político Semilla, i.e., del ejercicio del derecho; y la reversión del resultado electoral, i.e., del resultado de la materialización del ejercicio del derecho.
Guatemala es el árbol que se incendia.
De acuerdo con el CIRI Human Rights Data Project, la autodeterminación electoral en Guatemala obtuvo un puntaje de cero entre 1982 y 1986 —los gobiernos de Ríos Montt y Mejía Víctores—, lo que indica que la posibilidad de ejercer el derecho a través de elecciones libres era prácticamente inexistente. Aunque los datos abarcan sólo hasta 2011, no se registró otro período en la era democrática con un puntaje tan bajo. En la mayoría de años, el puntaje se mantuvo en dos, es decir, que la participación política fue libre y abierta, y los ciudadanos tenían derecho a la libre determinación mediante elecciones justas, a excepción de 1987, 1990 y 2008, donde se registraron ciertas limitaciones en la práctica del ejercicio del derecho.
Esto quiere decir que, aún con sus matices e imperfecciones—y en medio de una profunda crisis democrática que lleva ya algunos años de agravarse—la posibilidad del ejercicio de los derechos políticos a través de la autodeterminación electoral ha sido una realidad materializada en la práctica, quizás en parte porque, como proponen Chilton y Versteeg, el derecho a formar partidos políticos está protegido a nivel constitucional, y porque su ejercicio colectivo permite la movilización y defensa organizada.
Aunque la situación de Semilla no es única a nivel internacional, es alarmante en el contexto guatemalteco. La defensa de los derechos políticos depende más de la ciudadanía que del partido afectado. La esperanza radica en el uso de mecanismos legales y la movilización ciudadana para enfrentar estos ataques. Un poder judicial independiente es crucial, pero la Constitución sigue siendo una herramienta vital para resistir, que es nuestra única opción, y aunque las estrategias puedan debatirse, la creencia en la posibilidad de actuar no es negociable. El retroceso democrático debe detenerse urgentemente, y este momento es clave para ello.
“La defensa de los derechos políticos depende más de la ciudadanía que del partido afectado. La esperanza radica en el uso de mecanismos legales y la movilización ciudadana para enfrentar estos ataques.”
Evaluar el panorama completo puede ser sensato. Este caso paradigmático podría resultar en una victoria para la democracia si sabemos evaluar con sabiduría otras experiencias con las que alumbrar el escenario que hoy está oscuro.
