Plumazos del domingo 25 de agosto de 2024
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Project 2025: Un Manual Anti-Migrante
Vaclav Masek
Artículo publicado originalmente en EP Investiga el domingo 28 de julio de 2024.
Las predicciones sobre las perspectivas de la política migratoria bajo una segunda administración de Donald Trump son preocupantes. Si bien hay pocas dudas de que un segundo mandato de Trump pintaría un escenario sombrío para los inmigrantes, los titulares no capturan la profundidad de los cambios propuestos o hasta dónde llegaría la administración para implementarlos. Basado en un manual detallado que la extrema derecha estadounidense publicó el año pasado, la realidad de lo que podría surgir es aún más maquiavélica y destructiva de lo que se imaginaba anteriormente.
El Proyecto 2025 es el plan de la Heritage Foundation para dotar de personal y elaborar una serie de acciones ejecutivas concretas para comenzar a implementar desde el primer día de una segunda administración Trump. El documento, referido como un “Mandato para el siguiente gobierno republicano”, fue dirigido por formuladores de políticas públicas que trabajaron para Trump en el pasado y que vieron sus esfuerzos obstaculizados por los burócratas de carrera en la administración pública. Aunque el mismo nominado republicano lo niegue, los datos esclarecen el vínculo entre el expresidente y el Proyecto 2025. De las 38 personas involucradas en la redacción y edición del texto de más de novecientas páginas, 31 de esas personas fueron nominadas para puestos en la administración de Trump o en el equipo de transición, lo que significa que el 81% de los creadores del documento desempeñaron funciones formales en la presidencia del nominado republicano.
Lo que revela el Proyecto 2025 es que los aliados “conservadores nacionales” de Trump planean una administración fundamentada en la retribución y revancha, institucionalizada principalmente a través del mano-durismo migratorio. Aunque los conservadores tradicionales pretenden limitar el poder del gobierno federal en favor de la descentralización y la autoridad estatal, sin embargo, el Proyecto 2025 busca agresivamente una agenda que centraliza más poder en el ejecutivo, socavando los controles y equilibrios esenciales para la democracia.
Según la información proporcionada sobre el Proyecto 2025, hay algunas áreas clave que podrían impactar potencialmente a países centroamericanos como Guatemala si se llegara a cristalizar el plan. El Proyecto 2025 propone cambios significativos en las políticas de inmigración, incluido un aumento de la financiación para un muro fronterizo y la ampliación de los poderes de las agencias de inmigración.
El capítulo sobre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) fue escrito en coautoría por Ken Cuccinelli, quien fue notoriamente director interino de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) durante la presidencia de Trump. El capítulo presenta una visión de una aplicación de las leyes migratorias draconianas mediante el desmantelamiento de DHS, que sería depurada de personal que no sea leal a Trump, dejando la agencia mucho menos sujeta a supervisión. Según el plan delineado en el Proyecto 2025, el DHS sería desmantelado y las agencias relacionadas con la inmigración de todo el poder ejecutivo se combinarían en “una agencia de inmigración y fronteras independiente”—a excepción de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), que se plantea como un ente privatizado.
Abolir el DHS y empezar desde cero permitiría a la administración Trump expulsar a cualquier persona en el departamento que pudiera amenazar los otros planes establecidos por el Proyecto 2025, como las personas que, durante el primer mandato de Trump, se pronunciaron en contra de políticas como la prohibición de asilo o la separación de menores de sus familias. El capítulo señala que esto requeriría una ley en el Congreso, al igual que muchas de las otras recomendaciones delineadas en las siguientes 34 páginas dedicadas al desmantelamiento de DHS. Todo eso podría ser menos improbable de lo que parece si los republicanos toman el Senado y conservan la Cámara de Representantes en las elecciones generales en noviembre.
Las personas que se encuentran actualmente en los EE.UU. pero carecen de estatus permanente, incluidas las personas con estatus de protección temporal y los cientos de miles de afganos, cubanos, haitianos, nicaragüenses, ucranianos, y venezolanos admitidos recientemente en el país bajo permiso humanitario, podrían tener su estatus rescindido. Bajo una segunda administración Trump que siguiera el Mandato, los funcionarios del USCIS serían reentrenados para centrarse en “la detección de fraudes en lugar de acelerar el procesamiento”. Los tiempos de procesamiento lentos se utilizarían contra los inmigrantes. Utilizar los números de atrasos para activar la suspensión automática de la admisión de solicitudes para grandes categorías de inmigración legal. Se suspenderían las actualizaciones anuales de las listas de países elegibles para visas de trabajadores temporales H-2A y H-2B, excluyendo así a la mayoría de las poblaciones de llenar vacíos críticos en los sectores agrícola, construcción, hospitalidad y servicios forestales.
Otras implicaciones detalladas en un reporte sobre el impacto del Proyecto 2025, incluyen terminar con el estatus legal de medio millón de Dreamers eliminando el tiempo del personal para revisar y procesar las solicitudes de renovación. La próxima administración republicana que se alinee con el Mandato también despojaría a cientos de miles de personas, muchas de las cuales han estado en los EE. UU. durante décadas, de sus protecciones legales al derogar todas las designaciones de Estatus de Protección Temporal (TPS). Casi 700,000 personas perderían protecciones legales y autorización de trabajo al revocar todas las designaciones activas de TPS. No sólo se crearía una enorme carga para que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) intente expulsar a estas personas, sino que también tendría consecuencias devastadoras para el mercado laboral. Familias que han residido en los EE.UU. durante décadas, propietarios de viviendas y negocios, se verían obligados a abandonar el país.
Para aliviar la presión sobre los centros de detención de ICE, Trump quiere construir enormes campos para detener a las personas mientras se procesan sus casos y esperan los vuelos de deportación. Y para sortear cualquier negativa del Congreso a asignar los fondos necesarios, Trump redirigiría dinero del presupuesto militar, como lo hizo en su primer mandato, para gastar en un muro fronterizo más de lo que el Congreso había autorizado.
Por si esto no fuera suficiente, el Mandato contempla la prohibición a que las y los ciudadanos estadounidenses califiquen para subsidios federales de vivienda si viven con alguien que no tenga ciudadanía estadounidense o no cuente con un estatus de residente permanente legal. Se cancelarían las visas de estudiantes extranjeros que participaran en protestas antiisraelíes o pro palestinas. Se ordenaría a los funcionarios consulares de los EE.UU. en el extranjero que amplíen la evaluación ideológica de los solicitantes de visas para bloquear a las personas que la administración Trump considere que tienen actitudes indeseables.
Los cambios en la política exterior de Estados Unidos bajo el Proyecto 2025 podrían afectar los programas de ayuda y las iniciativas de desarrollo en Centroamérica. El enfoque republicano-trumpista, que es significativamente más aislacionista, significaría una reducción al apoyo de estos países. Podría hacerse menos énfasis en abordar las causas profundas de la migración a través de la ayuda al desarrollo y más en medidas punitivas de disuasión y aplicación de la ley mediante la militarización transfronteriza.
Electoralmente, empujar una narrativa delicadamente construida del tema es útil para el trumpismo. Las menciones de “Crimen de migrantes” en Fox News aumentaron significativamente sin haber tenido correlativo en las tendencias ilustradas por los datos de las agencias de seguridad pública. En sociología, existen investigaciones sobre la noción acerca de crímenes cometidos por migrantes que demuestran que no hay relación entre el estatus migratorio de una persona y la proclividad para la comisión de delitos. En EE.UU., por ejemplo, está el caso de Texas, donde la tasa de condenas de inmigrantes ilegales es un 45% inferior a la de los estadounidenses nativos.
Durante la Convención Nacional Republicana de la semana pasada, simpatizantes trumpistas mostraron pancartas que decían “¡Deportaciones masivas ya!” Es un mensaje contundente; las y los votantes republicanos ya nos dijeron explícitamente que quieren. Su estrategia ahora es ganar la elección apuntándole el dedo a los migrantes y echándoles la culpa de todos sus problemas. Ya con anterioridad, Trump dijo que las y los inmigrantes estaban “envenenando la sangre de nuestro país”. Si recupera el poder, Trump no sólo quiere revivir algunas de las políticas de inmigración criticadas como muy severas durante su presidencia, sino ampliarlas y endurecerlas. El Mandato del Proyecto 2025 es el manual práctico para implementar esa escalofriante visión.
Recordatorio: Venezuela tiene ratos de no ser una democracia
Alfredo Ortega
Artículo originalmente publicado en EP Investiga el domingo 4 de agosto de 2024.
Quince mil ochocientas es el número estimado de detenciones arbitrarias con motivos políticos que han ocurrido en Venezuela en el período comprendido entre 2014 a 2023. Quince. Mil. Según datos recopilados por PROVEA, se estiman alrededor de diez mil ejecuciones extrajudiciales en el mismo período. Cuando se utiliza el término “ejecución extrajudicial” se trata de la participación directa de fuerzas de seguridad del Estado en la muerte de la víctima.
En 2019, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas estableció una Misión internacional independiente de determinación de hechos en Venezuela. Los hallazgos de la misión han corroborado lo documentado por las organizaciones de sociedad civil venezolanas. Casos de desaparición forzada, tortura, detenciones arbitrarias, persecución, y, obviamente, desplazamiento forzado.
Por todo ello, en 2022 la Misión consideró que tenía suficientes elementos para concluir que la mayoría de las violaciones de derechos humanos documentadas “se habían cometido en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil en el contexto de una política para reprimir la oposición al Gobierno”. Es decir, estimó que habría suficiente información para concluir que se han cometido crímenes de lesa humanidad. Del mismo modo, la fiscalía de la Corte Penal Internacional tiene un examen preliminar sobre la situación en Venezuela abierto desde 2021.
Ciertamente Venezuela no es el único lugar donde se han cometido crímenes internacionales en el hemisferio, pero es el único lugar en Latinoamérica donde estos crímenes han sido cometidos en pleno siglo XXI en proporciones tan dramáticas.
Al examinar la degradación de las instituciones en Venezuela, no es tarea fácil poner una fecha exacta del momento en el que ese país dejó de ser una democracia, pues hay varias fechas críticas que podrían anotarse. ¿Habrá sido cuando fue cooptado el poder judicial en 2004? ¿Las elecciones de 2013? ¿O quizás las de 2018?
Desde 2002, el profesor Steven Levitsky ha clasificado a Venezuela como un régimen híbrido, o un autoritarismo competitivo. Es decir, un lugar donde hay elecciones sin democracia.
Típicamente, quienes aún defienden al régimen homicida, señalan la cantidad de elecciones generales que se han celebrado en el país desde la llegada del chavismo al poder. Lo que suelen omitir, son las condiciones desproporcionadamente desfavorables en las que cualquier expresión opositora ha tenido que competir.
Las elecciones del pasado 28 de julio, son, quizás, el culmen de este proceso de degradación. Si bien es cierto, en el pasado se habían levantado serias dudas respecto de los procesos electorales de 2012 y 2018, a mi juicio, el grotesco cinismo con el que el régimen pretende robarse estas elecciones no tiene precedentes en los 25 años de chavismo. Dicho lo anterior, también pareciera que la oposición contaba con dos hechos que hacían parte de su estrategia: sabían que iban a ganar y sabían que el régimen no tenía intención alguna de reconocer su derrota. Eso llevó a los diferentes partidos que conforman la plataforma unitaria a realizar un esfuerzo por documentar los resultados electorales de manera paralela.
Quienes aún defienden al régimen homicida, suelen argumentar que el sistema electoral venezolano ha sido considerado de “los más seguros del mundo”. Si bien es cierto, los procedimientos de recepción y de conteo de votos son confiables, esa confiabilidad no puede sobrepasar una autoridad electoral cooptada. El Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió un boletín con resultados preliminares que han sido ampliamente cuestionados por su improbabilidad matemática, así como por la ausencia de resultados detallados por centros de votación. Es decir, no es posible verificar lo reportado por el CNE.
No obstante, ha sido la fuerza de la ciudadanía la que ha sido capaz de enfrentarse a una muy bien aceitada maquinaria de represión. La plataforma unitaria movilizó a decenas de miles de activistas para ser “testigos” (el equivalente a un fiscal de mesa en Guatemala) en cada centro de votación y conservar copias de las actas que daban cuenta de los resultados por mesa y centro de votación. Con base en esas actas es que hoy por hoy es posible saber con certeza total, que los datos reportados por el CNE son absolutamente falsos. Con 81.70% de las actas digitalizadas, hay una diferencia de 37 puntos porcentuales entre los votos recibidos por Edmundo González y Nicolás Maduro.
La escala de la victoria de la plataforma unitaria es tal, que, según Omar Zambrano, un prestigioso economista venezolano, se trata de “la brecha electoral más grande de la historia de las elecciones presidenciales de Venezuela desde el regreso a la democracia en 1958”.
Hace unos meses, la débil democracia guatemalteca logró sobrevivir, en parte, gracias al apoyo de la comunidad internacional a las movilizaciones ciudadanas que defendieron el resultado de las elecciones. Lo que pide la ciudadanía venezolana es que se respeten los resultados y la comunidad internacional, incluyendo Guatemala, deben tener una posición firme para ese fin.
