Plumazos del domingo 24 de septiembre de 2023
Apuntes de economía de Hugo Maúl y José Luis Moreira.
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¿Nearshoring o New-bullshitting?
Hugo Maúl
Son tantos los efectos positivos inmediatos que se le atribuyen, y tan rebuscado e incomprensible el término, que cualquiera podría confundirlo con algún remedio mágico.
Más allá de lo que la publicidad diga al respecto, el nearshoring (relocalización, en castellano) es un reto complicado de superar. Traer de vuelta (a Guatemala, en este caso) las inversiones productivas que las empresas multinacionales alguna vez se llevaron al Sudeste de Asia parece sencillo, aunque en realidad es más complicado de lo que se cree. El fenómeno que se ha puesto ahora de moda, en términos de un estudio de una reconocida empresa consultora. Ocurre debido a que:
“los problemas con el Lejano Oriente (China, Vietnam, Tailandia, Malasia y otros países) están trayendo de regreso a las empresas cerca de casa (EE.UU.)… Hay muchas razones para este cambio: los tiempos de respuesta (al mercado) son mucho más cortos; el constante y acelerado cambio en los productos (que demanda el mercado) requiere que las empresas mantengan bajo estricto control su calidad y nivel de inventarios… cuestiones que las empresas (transnacionales) consideran pueden hacer mejor si localizan (sus procesos) a dos o tres horas de donde están sus ingenieros. Las empresas estadunidenses están preocupadas también por… el aumento del costo de la mano de obra en el Lejano Oriente y la necesidad de mantener un control más estricto sobre los inventarios y los costos. Para estas empresas, el tiempo (que toma el traslado de mercancías) y los problemas asociados con el transporte marítimo más que compensan cualquier ahorro en el costo de la mano de obra que pueda obtenerse produciendo en el Lejano Oriente)”.
Según esta empresa consultora,
“Desde la perspectiva de un inversionista estadounidense, que tiene la opción de establecer operaciones acá o en cualquier otra parte del mundo, Guatemala posee importantes ventajas comparativas y competitivas como
Disponibilidad de Mano de Obra: la mano de obra no es la más barata del mundo, pero es mucho más barata que en EE.UU.;
Localización: La proximidad a EE.UU. y su involucramiento en (iniciativas de comercio y cooperación impulsados por el gobierno estadounidense)
Disponibilidad de Energía Eléctrica: Adecuado suministro de energía eléctrica a precios bajos;
Incentivos para Empresas Exportadoras Industriales: (el marco legal vigente) provee incentivos que son básicamente los mismos que ofrecen otros países en vías de desarrollo, además constituye una clara indicación del talante del gobierno hacia las actividades manufactureras orientadas a la exportación;
Industria Ligera (Ensamblaje): las empresas dedicadas a la confección de vestuario (maquila) demuestran el potencial que tiene el país para este tipo de subcontratación industrial;
Habilidades Industriales: existe una amplia disponibilidad de talento gerencial especializado en habilidades relacionadas con la industria, así gran variedad de capacidades técnicas de manufactura;
Tamaño y Distribución de la Ciudad de Guatemala: (las facilidades que ofrece la Ciudad de Guatemala) hace que un viaje de exploración o de búsqueda de información (de oportunidades) sea corto, eficiente y efectivo.
Demasiado bueno para ser cierto. Las oportunidades y las capacidades existen; así como también las restricciones que impiden sacar máximo provecho del nearshoring. Según el referido informe, estas son
“La poca disponibilidad de trabajadores mediana y altamente calificados y programas de capacitación con poca aplicabilidad;
Las debilidades para para mercadear internacionalmente los productos guatemaltecos; conocer los mercados extranjeros y aprender a competir sin (esquemas de) protección; y la inexistencia de un activo, bien definido y priorizado programa de atracción de inversiones;
Los elevados costos de transporte en relación a Centroamérica; los servicios de transporte… no confieren (a las exportaciones guatemaltecas) una importante ventaja;
La percepción de inseguridad personal en Guatemala; por su localización Guatemala (sufre)… de la inestabilidad política reinante en la región;
La poca alineación de muchas regulaciones y políticas públicas con el mejor interés de promover el desarrollo del sector industrial (de exportación);
La sobrecarga de trámites burocráticos (no solo) consume tiempo y recursos del sector privado (sino) provoca que el gobierno no pueda luego administrarla efectivamente;
La poca comprensión del sistema aduanero de (la importancia) del objetivo de desarrollar las exportaciones industriales del país”
Nada nuevo tampoco. Las restricciones de siempre. De siempre. Salvo por el hecho que las partes entrecomilladas provienen de una evaluación del sector manufacturero en Guatemala preparada por E&Y y la Oficina de Programas del Sector Privado de USAID 34 años atrás. Sí, leyó bien: ¡preparada en 1988! Parece que fue ayer. Todo sigue igual. El mundo fue y volvió y Guatemala sigue en el mismo lugar, esperando cosechar esta nueva oportunidad. De seguir haciendo lo mismo que antes, mejor sería reconocer que el nearshoring no es más que una nueva forma de meternos cuentos por enésima vez.
No, estimado libertario, no hay tal cosa como infraestructura privada con un Estado atrofiado
José Luis Moreira
En la reciente entrevista de The Economist con Javier Milei, candidato que va liderando las encuestas para la próxima elección presidencial en Argentina, el medio inglés le pregunta al autoproclamado político paleo-libertario cómo planea recortar el gasto público. Milei responde:
Proponemos eliminar la obra pública y reemplazarla por un sistema de iniciativa privada al estilo chileno. También proponemos eliminar las transferencias discrecionales del estado federal a las provincias y de las provincias a los municipios.
Y proponemos eliminar las subvenciones económicas, recalibrando la ecuación económico-financiera de los contratos, minimizando el impacto en los precios, pero siempre respetando que la tasa de retorno del flujo de caja de la empresa esté por encima del coste medio ponderado del capital. Es una forma de remunerar la base de capital de una empresa.
Y ahí ya tiene 13 puntos del PIB.
El medio escrito dejó en evidencia la superficialidad técnica de las políticas propuestas por el candidato libertario, así como su incipiente autoritarismo, llegando a aseverar que, de ganar la presidencia, el candidato de la coalición La libertad avanza “representa una amenaza para la democracia.”
Milei menciona al modelo chileno como contraposición a la participación del sector público en la provisión de infraestructura. El sistema de concesiones de Chile es el resultado de una serie de reformas y evoluciones en la legislación de concesiones que datan de las décadas de 1990 y 2000. Su historia se remonta a la necesidad de modernizar la infraestructura en Chile y fomentar la inversión privada en proyectos de construcción y operación de obras públicas.
Sin embargo, la relativa funcionalidad del sistema de concesiones en Chile está consistentemente transversalizado por apoyos implícitos de la institucionalidad del Estado, sobre todo a través de su capacidad fiscal.
Las alianzas público-privadas o concesiones a menudo requieren inversión inicial por parte del Estado o garantías para atraer a inversionistas privados. Esta inversión inicial es esencial para financiar la fase de construcción y, en algunos casos, para proporcionar incentivos adecuados para que el sector privado participe. Además, las garantías estatales son necesarias para mitigar algunos de los riesgos percibidos por los inversionistas privados. Es en este aspecto que la capacidad fiscal se hace imperativa: un Estado debe tener una gran solvencia y credibilidad para que las garantías efectivamente actúen como mitigantes de los riesgos asociados a la construcción y mantenimiento de un proyecto.
En otras modalidades de concesiones de obras públicas, el Estado se compromete a realizar pagos periódicos al sector privado a lo largo del ciclo de vida del proyecto, ya sea en forma de tarifas, peajes u otros ingresos generados por la infraestructura. La capacidad fiscal del Estado es esencial para garantizar que pueda cumplir con estas obligaciones de pago de manera puntual y consistente. Si el Estado no puede hacer frente a sus obligaciones de pago, los proyectos privados pueden enfrentar problemas financieros. Aritméticamente se deduce que un Estado pequeño es un Estado con baja capacidad de pago.
La participación del sector privado en infraestructura conlleva riesgos financieros y el Estado a menudo debe asumir riesgos fiscales en caso de problemas financieros o costos inesperados. La capacidad fiscal del Estado es la red de seguridad en tales casos. Por ejemplo, en proyectos de energía renovable en Europa, el Estado ha respaldado la implementación de tarifas de alimentación para garantizar un flujo de ingresos estable para los inversores privados, lo que reduce los riesgos percibidos y promueve la inversión en proyectos privados.
La solidez institucional y fiscal del Estado tiene un impacto directo en el costo y la viabilidad financiera de las inversiones privadas en infraestructura. Esto se refleja en las calificaciones crediticias soberanas que establecen los costos de financiamiento base y el riesgo país. Muchos proyectos pierden viabilidad financiera por altos costos de financiamiento en países con bajas calificaciones soberanas. Un Estado con una calificación crediticia sólida puede obtener financiamiento a tasas más bajas y atraer inversores dispuestos a participar en proyectos.
“La solidez institucional y fiscal del Estado tiene un impacto directo en el costo y la viabilidad financiera de las inversiones privadas en infraestructura.”
Teniendo presente un poco de la historia reciente del discurso político y económico de Guatemala, muchas de las cosas que dice Milei resuenan con posturas comunes de la esfera pública del país. Por eso creo que vale la pena abordar hoy un punto revelado en esta entrevista: la incompatibilidad entre atrofización del Estado y un sistema funcional de participación del sector privado en construcción y mantenimiento de infraestructura.
