No, estimado libertario, no hay tal cosa como infraestructura privada con un Estado atrofiado
José Luis Moreira acerca de la participación del sector privado en la construcción de infraestructura.
En la reciente entrevista de The Economist con Javier Milei, candidato que va liderando las encuestas para la próxima elección presidencial en Argentina, el medio inglés le pregunta al autoproclamado político paleo-libertario cómo planea recortar el gasto público. Milei responde:
Proponemos eliminar la obra pública y reemplazarla por un sistema de iniciativa privada al estilo chileno. También proponemos eliminar las transferencias discrecionales del estado federal a las provincias y de las provincias a los municipios.
Y proponemos eliminar las subvenciones económicas, recalibrando la ecuación económico-financiera de los contratos, minimizando el impacto en los precios, pero siempre respetando que la tasa de retorno del flujo de caja de la empresa esté por encima del coste medio ponderado del capital. Es una forma de remunerar la base de capital de una empresa.
Y ahí ya tiene 13 puntos del PIB.
El medio escrito dejó en evidencia la superficialidad técnica de las políticas propuestas por el candidato libertario, así como su incipiente autoritarismo, llegando a aseverar que, de ganar la presidencia, el candidato de la coalición La libertad avanza “representa una amenaza para la democracia.”
Milei menciona al modelo chileno como contraposición a la participación del sector público en la provisión de infraestructura. El sistema de concesiones de Chile es el resultado de una serie de reformas y evoluciones en la legislación de concesiones que datan de las décadas de 1990 y 2000. Su historia se remonta a la necesidad de modernizar la infraestructura en Chile y fomentar la inversión privada en proyectos de construcción y operación de obras públicas.
Sin embargo, la relativa funcionalidad del sistema de concesiones en Chile está consistentemente transversalizado por apoyos implícitos de la institucionalidad del Estado, sobre todo a través de su capacidad fiscal.
Las alianzas público-privadas o concesiones a menudo requieren inversión inicial por parte del Estado o garantías para atraer a inversionistas privados. Esta inversión inicial es esencial para financiar la fase de construcción y, en algunos casos, para proporcionar incentivos adecuados para que el sector privado participe. Además, las garantías estatales son necesarias para mitigar algunos de los riesgos percibidos por los inversionistas privados. Es en este aspecto que la capacidad fiscal se hace imperativa: un Estado debe tener una gran solvencia y credibilidad para que las garantías efectivamente actúen como mitigantes de los riesgos asociados a la construcción y mantenimiento de un proyecto.
En otras modalidades de concesiones de obras públicas, el Estado se compromete a realizar pagos periódicos al sector privado a lo largo del ciclo de vida del proyecto, ya sea en forma de tarifas, peajes u otros ingresos generados por la infraestructura. La capacidad fiscal del Estado es esencial para garantizar que pueda cumplir con estas obligaciones de pago de manera puntual y consistente. Si el Estado no puede hacer frente a sus obligaciones de pago, los proyectos privados pueden enfrentar problemas financieros. Aritméticamente se deduce que un Estado pequeño es un Estado con baja capacidad de pago.
La participación del sector privado en infraestructura conlleva riesgos financieros y el Estado a menudo debe asumir riesgos fiscales en caso de problemas financieros o costos inesperados. La capacidad fiscal del Estado es la red de seguridad en tales casos. Por ejemplo, en proyectos de energía renovable en Europa, el Estado ha respaldado la implementación de tarifas de alimentación para garantizar un flujo de ingresos estable para los inversores privados, lo que reduce los riesgos percibidos y promueve la inversión en proyectos privados.
La solidez institucional y fiscal del Estado tiene un impacto directo en el costo y la viabilidad financiera de las inversiones privadas en infraestructura. Esto se refleja en las calificaciones crediticias soberanas que establecen los costos de financiamiento base y el riesgo país. Muchos proyectos pierden viabilidad financiera por altos costos de financiamiento en países con bajas calificaciones soberanas. Un Estado con una calificación crediticia sólida puede obtener financiamiento a tasas más bajas y atraer inversores dispuestos a participar en proyectos.
“La solidez institucional y fiscal del Estado tiene un impacto directo en el costo y la viabilidad financiera de las inversiones privadas en infraestructura.”
Teniendo presente un poco de la historia reciente del discurso político y económico de Guatemala, muchas de las cosas que dice Milei resuenan con posturas comunes de la esfera pública del país. Por eso creo que vale la pena abordar hoy un punto revelado en esta entrevista: la incompatibilidad entre atrofización del Estado y un sistema funcional de participación del sector privado en construcción y mantenimiento de infraestructura.
