Gobernabilidad: ¿respeto a la voluntad popular o concesiones a grupos de interés?
José Luis Moreira aborda cuáles las fuentes legítimas de hacer gobierno con un Estado debilitado.
Con la sorpresiva elección de Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla, la ciudadanía se enfrenta a una pregunta política existencial, bastante inédita para nuestra joven y herida tradición democrática: ¿cuál es la esencia y fuente legítima de gobernabilidad en nuestro sistema político? El triunfo de un candidato relativamente alejado de las plataformas tradicionales de presidencialización ha dejado absorta a una población que trágicamente encuentra la respuesta a esta pregunta en los opacos flujos de financiamiento, en prestadores de discurso técnico-ideológico y en operadores de alianzas políticas fuera y dentro del Estado. Con Arévalo, esta respuesta no se hace para nada evidente.
La consolidación de la democracia en Guatemala es un reto complicado dada la fundamental debilidad del Estado y el discurso miguateco que la normaliza y justifica. Esto ha facilitado que los antes-no-tan-públicamente-verbalizados “pactos de gobernabilidad” entre grupos predadores de la cosa pública se hayan erigido como las columnas básicas de “gobernabilidad”. El reparto de ministerios con poder regulatorio. El reparto de sillas en instituciones del Estado; el reparto de plazas fantasmas y recursos públicos.
Con las recientes elecciones, Guatemala tiene otra oportunidad, una vez más, de cambiar las preocupantes tendencias de su convaleciente sistema democrático. Y esto se empieza reconociendo a la supremacía de la soberanía popular y la democracia como fundamento original de la acción pública. La soberanía popular ya fue expresada legítimamente en las últimas elecciones, si bien como producto no deliberado de la estupidez y abuso de poder del Pacto de Corruptos. Con el voto, los ciudadanos están delegando en sus elegidos el mandato de representar sus necesidades y deseos. Este acto trasciende la mera acción de marcar una papeleta; es la encarnación del poder ciudadano en su máxima expresión.
Como era de esperarse ante un resultado electoral atípico, las respuestas de los representantes del sistema no se hicieron esperar, todas con un grado variable de beligerancia. Se hicieron públicas conspiraciones dentro del Estado para cometer un magnicidio. El MP insiste con obscenos abusos de judicialización en contra del partido Movimiento Semilla. Y, con un grado de civilidad mayor, hubo la verbalización de un “pacto de gobernabilidad” por parte de grupos de interés que antes ya los constituían, solo que sin necesidad de apelar públicamente a él.
Los pactos de grupos de interés, a menudo presentados como estrategias pragmáticas para lograr un equilibrio político, pueden ser un espejismo peligroso. Superficialmente, estas negociaciones pretenden dar la imagen de la culminación de consensos entre representantes de la sociedad de Guatemala, pero en la realidad, más a menudo de lo que admitiríamos, se convierten en cunas de inmovilidad. ¿De qué está sirviendo el voto entonces? Las negociaciones interminables y las concesiones diluidas llevan a decisiones anémicas que no satisfacen a nadie y dejan intactos los males que la sociedad está exigiendo cambiar. Y, sobre todo, es una falta de respeto a la democracia y la fe de los votantes.
La falta de un ímpetu reformista en Guatemala es directamente atribuible a la creencia de que estos pactos de gobernabilidad son necesarios para que un gobierno tenga legitimidad. Las promesas de transformación y cambio se disuelven como un castillo de naipes, y los ciudadanos se ven atrapados en una maraña de indecisión y estancamiento. La urgencia de tomar medidas audaces se desvanece en medio de las luchas internas y las tácticas de reajuste. La voz del pueblo queda ahogada por cálculos de élites políticas y económicas.
En un país donde el poder se negocia a menudo entre bambalinas, es tentador olvidar que el voto es la verdadera moneda de la gobernabilidad. La participación de la ciudadanía guatemalteca en este ciclo electoral reafirma que la población aún cree en que el rumbo de la nación se puede cambiar a través del voto. Es hora de confrontar la tendencia de ceder ante los intereses detrás de las puertas cerradas y reafirmar que la soberanía popular es la base de una gobernabilidad auténtica y transformadora.
“ La participación de la ciudadanía guatemalteca en este ciclo electoral reafirma que la población aún cree en que el rumbo de la nación se puede cambiar a través del voto.”
En contraposición, el respeto a la soberanía popular expresada en las urnas es el único camino hacia una gobernabilidad que permita cambios que los votantes están demandando. Hoy Bernardo Arévalo y el Movimiento Semilla tienen una responsabilidad inquebrantable hacia la fe de quienes los eligieron dos veces, el 25 de junio y el 20 de agosto. Las demandas populares no pueden ser ignoradas ni subvertidas en favor de intereses particulares de corto plazo. Este enfoque no solo es esencial para el funcionamiento de la democracia, sino también para la generación de un cambio real y significativo.
En última instancia, la cuestión es clara: ¿seguiremos persiguiendo la quimera de los pactos entre grupos de interés que a menudo conducen a la parálisis, o abrazaremos la voz del pueblo expresada a través del voto como el faro que guía el barco de la gobernabilidad hacia un horizonte de cambio genuino? El mandato que el Movimiento Semilla y Bernardo Arévalo recibió es claro. No respetarlo pondría en cuestión la esencia misma de la democracia y el poder de la ciudadanía.
